18/06/2011

Palabras del delegado de AGTPAC Laboulaye en el congreso de FeTERA llevado a cavo en Mar del Plata

URGENTE: ORDEN DE DESALOJO EL ACAMPE QOM

La policía federal vino al acampe QOM con una notificación de desalojo. No se firmó esa notificación y ahora están labrando un acta quieren que firmen todos los que estan en el lugar.

POR FAVOR DIFUNDIR LA SITUACIÓN PARA AMPLIFICAR Y ACERCARSE AL ACAMPE

ANA AÑAXAT!! PUEBLO QOM

Agencia Rodolfo Walsh

URGENTE

Sábado, 30 de Abril de 2011 10:02

Todos a defender el acampe de los hermanos qom (AW) Está la policia en el corte (Av de Mayo y 9 de Julio) de los hermanos Qom de la comunidad Navogoh. aparentemente tienen un acta de judicializacion contra Felix Diaz. Existe la posibilidad de desalojo. Se pide la solidaridad de todos lxs compas Ya!

Declaración Pública:

Gladiadores Entrenados en la Lucha

En este 1º de mayo, enfrentamos la falta de libertad sindical respaldados en la OIT

y con la solidaridad internacional

La Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, FeTERA – CTA, ha reclamado ante la OIT, por la falta de libertad sindical en Argentina, demostrando que hace 11 años que esta Federación solicita su Personería Gremial y no la obtiene.

La decisión de los administradores del Modelo Neoliberal, que se suceden en los gobiernos argentinos, desde la dictadura militar a la fecha, es la de limitar la capacidad organizativa de los trabajadores, prohibir o dificultar al máximo el surgimiento de sindicatos representativos de los intereses de la clase y facilitar todas las medidas persecutorias y represivas que desarrollan los empleadores para despedir dirigentes y anular los liderazgos que surgen de entre los trabajadores.

El derecho constitucional que garantiza la “organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial” es burlado todos los días, cuando la inscripción no es tan simple y además no garantiza nada.

Los sindicatos que se constituyen a partir de la voluntad soberana de sus integrantes, se encuentran con que el gobierno, hoy, no los inscribe (salvo a los amigos) y entrega de esta manera a sus promotores, militantes y activistas a la voluntad soberana del patrón, que los despide sin misericordia alguna.

La FeTERA, se fundó en noviembre de 1995; obtuvo su Inscripción Gremial en febrero de 1998 ¡y tres meses después fue revocada!. Solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, logró obligar al gobierno argentino a devolver el derecho constitucional conculcado.

La simple Inscripción Gremial, tampoco garantiza la “organización sindical libre y democrática”, como dice la Constitucional Nacional, ya que los dirigentes no gozan de estabilidad en el empleo, no se puede obtener la cuota de afiliación mediante el descuento por planilla y no se puede ejercer la representación colectiva. La simple inscripción genera tantas vulnerabilidades, que para defender los derechos laborales, más que trabajadores organizados hacen falta gladiadores entrenados en la lucha.

Pero la libertad sindical argentina tampoco ampara a los luchadores. Esto quedó demostrado recientemente en la ciudad de Laboulaye, en la provincia de Córdoba, cuando 22 trabajadores fueron despedidos ¡por ejercer el Derecho de Huelga! y la Secretaría de Trabajo provincial consideró al Derecho de Huelga una causal de despido, apañando los argumentos patronales.

Para ejercer el pleno derecho de representación sindical, en la Argentina, se inventó la Personería Gremial, que si bien garantiza la existencia de un sindicato, solo se obtiene a partir de una decisión caprichosa del gobierno. Someterse a sus políticas, constituye la clave del éxito para llegar a ella.

La FeTERA inició su trámite para obtener la Personería Gremial, en julio de 2000.

Esta Federación nació como respuesta de muchos trabajadores del sector energético, al proceso de privatización de las empresas de servicios públicos y de la entrega del patrimonio nacional.

Década y media después no hemos cambiado de parecer, y seguimos reclamando la recuperación de los recursos energéticos a manos del Estado y del Pueblo, sin trampas, para poder contar con la capacidad de planificar el desarrollo productivo, en forma soberana.

Denunciamos la cadena de costos de los combustibles líquidos en el país, origen de los tarifazos y del negocio de los subsidios, que terminan pagando el petróleo como si fuera importado de Arabia.

También enfrentamos la tercerización como forma de negar derechos laborales y bajar salarios.

Denunciamos y enfrentamos el despido sin causa y alentamos la recuperación del puesto de trabajo, diferenciándonos de aquellos que hacen de la indemnización un negocio y confunden el gremialismo con el comercio de los derechos.

Posicionamientos que nos alejan de una hipotética preocupación gubernamental por otorgarnos lo que nos corresponde por derecho.

Recientemente enviamos una Carta Documento al Ministro Carlos Tomada donde expresamos que “en el lamentable peregrinar administrativo en estos casi 11 años en procura de la Personería Gremial, nuestra entidad ha sido víctima de una legislación, denostada en diversas oportunidades por la administración mundial del trabajo (OIT), como recientemente se expresara la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al realizar un dictamen en contra del “modelo sindical argentino”. En ella, urge al Gobierno nacional de la República Argentina a modificar la ley 23551 y a otorgar la personería gremial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), nuestra hermana confederal, que lleva años padeciendo idéntica suerte que FeTERA.

Señor Ministro, Ud. como miembro del Poder Ejecutivo de la Nación, tiene todo el derecho de ejercer su mandato en base a actos de mérito, oportunidad y conveniencia, pero si soluciones de legítimo reclamo como la presente son negadas sistemáticamente sin razón alguna al cabo de tantos años y, a la vez, son atendidos solícitamente otros asuntos semejantes, que no superan el trajín de un mero trámite; Señor, eso no es otra cosa que DISCRIMINACIÓN POLÍTICA, objeto de un “poder de príncipe”, extraño en un estado de derecho democrático con justicia social, el cual queremos construir entre todos con igualdad de oportunidades y respeto por las libertades colectivas”.

Cuando hacemos referencia al Poder de Príncipe no exageramos: el Ministro Carlos Tomada, concedió en noviembre de 2006 la Simple Inscripción Gremial al Sindicato Único de Peajes y Afines y en octubre de 2008, le firmó la Resolución Nº 954 dándole la Personería Gremial.

En este primero de mayo, no estamos solos. Esta pelea por el derecho a organizarnos tiene acompañamiento desde diferentes lugares del mundo.

Tanto la Organización Internacional de Derecho a la Energía, como los Electricistas de Puerto Rico, los del SME, los miles de asistentes al Congreso de la Federación Sindical Mundial, las organizaciones de la ESNA y las decenas de organizaciones amigas que a lo largo de estos años se han solidarizado en nuestro reclamo, confirman su respaldo y exigen libertad y democracia sindical en la Argentina.

p/ Federación de Trabajadores de la Energía

de la República Argentina, FeTERA – CTA

José Rigane, Sec. General
Oscar Lagos, Sec. Gremial
Gabriel Martínez, Sec. Organización e Interior
Néstor Iparraguirre, Sec. Política Energética y Medio Ambiente
José Luis Matassa, Sec. Relaciones Institucionales e Internacionales
Julio Acosta, Sec. Administración y Finanzas
Ana María Sacchi Sec. Actas y Previsión
María Sosa, Sec. Acción Social
Humberto Diez De Los Ríos, Sec. Formación
Luis Enrique Torrilla, Sec. Prensa y Propaganda
Daniel Martínez, 1º Vocal Titular
Rubén Méndez, 2º Vocal Titular
Carlos Alberto Granero, 3º Vocal Titular
Alfredo Leonardo Seydell, 1º Vocal Suplente
Ernesto Simionato, 2º Vocal Suplente
Carlos A Guanciarrosa, 3º Vocal Suplente
Rodolfo López, 1º Rev. Cuentas Titular
Jorge Alberto López, 2º Rev. Cuentas Titular
Carlos Horacio Rossetti, 3º Rev. Cuentas Titular
Horacio Héctor Rover, 1º Rev. Cuentas Suplente
Roberto González, 2º Rev. Cuentas Suplente
Isaac Gurovich, 3º Rev. Cuentas Suplente

Los Aportes Estadísticos de la CTA

y las Debilidades a Superar

Las estadísticas del Orbervatorio del Derecho Social, aportadas por destacados profesionales, que son a la vez entusiastas militantes de la CTA; constituyen la exposición de una realidad que requiere, para su transformación, estrategias y políticas que necesariamente deben superar los límites posibilistas, que ponen dirigentes y organizaciones cuando deben enfrentarse a situaciones que les resultan nuevas o complicadas.

Todos los días suceden actos de castigo, represión e ilegalidad contra los trabajadores que intentan organizarse sindicalmente, para hacer valer su CCT, o generar derechos mínimos que otorguen algún grado de dignidad a la jornada laboral.

Hasta cuando hablamos de jornada laboral ya no sabemos a la cantidad de horas a las que nos estamos refiriendo, y la hora extra, como extensión paga, malpaga o impaga de la jornada de trabajo, en muchísimos casos es aceptada como una forma de mejorar el salario y en otras muchas, como el precio que hay que pagar para conservar el empleo.

Entre las formas habituales de represión aportadas por el informe, denominado: “Violaciones a la libertad sindical - Informe anual 2010”, y las represiones culturales, que no se denuncian porque ni siquiera se entiende que violan derechos establecidos, como por ejemplo la falta de un descanso mínimo entre jornadas, los trabajadores, en su inmensa mayoría se encuentran en situaciones difíciles de resolver, debido a la escasez de recursos, experiencia y organización y requieren, para poder intentar la resolución favorable de los problemas planteados, del acompañamiento solidario de sus compañeros de clase, para aprender a organizarse, para deliberar, para desarrollar habilidades de articulación política, para poder llevar adelante una estrategia de comunicación y necesitan, fundamentalmente, tener la certeza de que compañeros más organizados y con alguna infraestructura sindical desarrollada, van a estar presentes en el proceso de conflicto para sostener las acciones que se aprueben y enfrentar la organización y desarrollo del empleador, que una vez decidido a desconocer los derechos, también se prepara para hacer valer, mediante distintos recursos, su propia estrategia de explotación.

La solidaridad del comunicado, sirve para demostrar el acompañamiento que respalda determinados hechos o situaciones, y hasta puede ser demostrativa de una relación de fuerzas. Pero cuando la solidaridad no disuade y la represión se sostiene, es cuando hay que definir la participación real y es cuando los posibilismos deben dar lugar al convencimiento de que la recuperación de la vigencia del derecho, debe poner en tensión hasta los equilibrios políticos logrados, si es que estos forman parte de la estrategia patronal.

El informe referido, señala que en 2010, se realizaron 121 denuncias por despidos antisindicales, y se realizaron otras 100 por represión de fuerzas de seguridad y hostigamiento patronal a los activistas sindicales.

El despido antisindical es un clásico. Cuando el empleador descubre que los trabajadores se organizan de alguna manera que pueda resultarle inconveniente, recurre al despido sin causa, o al invento de una causa, que hasta puede tener características penales.

Pero la mayoría de las veces recurre al “apriete” privado, donde exige la renuncia del activista a cambio de una compensación económica o intenta otras formas de corromper al trabajador, haciendo hincapié en la soledad de situación y en la debilidad legal de los trabajadores que cuentan en la mayoría de los casos, como única arma, la movilización.

Un caso paradigmático lo ofrece la experiencia de los compañeros de FeTERA en Laboulaye, provincia de Córdoba, afectada por muchos de los elementos señalados anteriormente y donde la Secretaría de Trabajo provincial consideró a la huelga una causa de despido y no dictaminó la invalidéz del mismo, perjudicando a 22 trabajadores, despedidos por la firma Ricardo Risatti sacif, por ejercer su derecho de huelga, cuando el empleador incumplió un acta de acuerdo firmado ante la misma Secretaría, donde se retractaba de un causal de despido que afectaba al activista Walter Alvarez, iniciador del sindicato de AGTPAC, en la ciudad de Laboulaye.

La práctica antisindical, en este caso, se llenó de elementos clásicos y demostró la fortaleza que adquiere el empleador cuando el Estado juega abiertamente a su favor y la debilidad de la justa lucha por el derechos, cuando la solidaridad necesaria para su desarrollo, encuentra los límites del posibilismo.

El Observatorio del Derecho Social, aporta datos para comprender la realidad; nuestras organizaciones tienen que incrementar sus esfuerzos para transformarla y llegar a la CTA de millones.

Por:

Gabriel Martínez es Secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina

Boletín Electrónico Periódico

Año 6 Nº 53 – miércoles 6 de abril de 2011

Violaciones a la libertad sindical - Informe anual 2010. Por Observatorio del Derecho Social

Introducción

El 20 de octubre de 2010 Mariano Ferreyra fue asesinado mientras participaba de una movilización sindical en reclamo por la reincorporación de trabajadores ferroviarios tercerizados, despedidos por la patronal meses atrás. Este asesinato constituyó el punto más grave de las violaciones a la libertad sindical relevadas a lo largo del año 2010.

El Informe sobre Violaciones a la Libertad Sindical 2010, elaborado por el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina, sistematiza la información proveniente de 413 denuncias por violaciones a la libertad sindical que tuvieron lugar a lo largo del año, e intenta establecer patrones generales que permitan sortear el análisis de situaciones individuales. A su vez, constituye la continuidad de la tarea, iniciada en el año 2009, de relevar y sistematizar las denuncias por violaciones a la libertad sindical que tienen lugar en nuestro país.

Aún así, entendemos que los acontecimientos que rodearon el asesinato de Mariano Ferreyra permiten apreciar, llevadas al extremo, algunas de las principales tendencias de la reacción de la patronal y del Estado frente a la acción y organización sindical:

• En este conflicto se encuentran violaciones a las libertades públicas (un asesinato, agresiones y lesiones, amenazas) y discriminaciones antisindicales, en tanto el conflicto se había originado, entre otras causas, en el despido de trabajadores como consecuencia de su participación en actividades gremiales;
• Su promoción fue impulsada por trabajadores organizados al margen de la organización sindical, cuya dirección habría participado activamente en la represión del conflicto. Ello al punto de que, en la actualidad, los principales dirigentes nacionales de la Unión Ferroviaria (entre ellos su Secretario General y su Secretario de Administración) se encuentran procesados como instigadores del asesinato y las lesiones, y han sido detenidos con prisión preventiva;
• El reclamo de los trabajadores se vincula a las condiciones de trabajo resultantes de los procesos de tercerización y subcontratación, a partir de los cuales la patronal establece distinciones entre aquellos trabajadores que permanecen en el ámbito del principal (a quienes les aplica el convenio colectivo de trabajo y que, en términos generales, poseen mejores condiciones de trabajo) y quienes se convierten en “trabajadores de segunda”, desempeñándose en contratistas, falsas cooperativas de trabajo, o directamente al margen de toda tutela legal y/o colectiva.
• La participación del Estado habría oscilado entre no brindar las garantías necesarias para la movilización y ser partícipe de la represión, en tanto existen fuertes denuncias de que la policía habría, al menos, liberado la zona para posibilitar la represión; a su vez, la propia autoridad administrativa del trabajo habría consentido, a lo largo del tiempo, la estrategia de tercerización impulsada por la patronal, y el fraude a la ley realizado a través de las falsa cooperativas de trabajo; finalmente, cabe destacar que el propio Estado es el titular de la explotación, cuya administración delega en un consorcio privado, por lo que las acciones antisindicales de este último son, en cierta medida, también imputables a aquél;
• Como consecuencia de ello, puede plantearse la existencia de una complicidad entre la patronal, la dirección sindical y el Estado para desactivar la organización y la acción colectiva de los trabajadores.

Este caso constituyó, en cierto sentido, una excepción, por cuanto en nuestro país los asesinatos de militantes, sindicales, políticos, sociales, por el hecho de organizarse y participar en acciones colectivas, no constituyen una práctica extendida, como sí puede verificarse en otros países latinoamericanos como Colombia, y en forma creciente en Honduras y Guatemala.

Sin embargo, al contrastar los elementos detallados con los principales hallazgos de este informe podemos apreciar ciertos patrones de continuidad.

En primer lugar, las dos categorías de derechos más afectadas por las violaciones a la libertad sindical que tienen lugar en nuestro país son las discriminaciones antisindicales y las violaciones a las libertades públicas. En particular, en este informe, al igual que en el año anterior, se destacan como principales violaciones a la libertad sindical los despidos antisindicales (121 denuncias), la represión de manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad estatal, y el hostigamiento patronal a los activistas sindicales (100 denuncias).

Por otra parte, el informe también resalta que casi la mitad de las violaciones a la libertad sindical (203 casos) se dirigieron contra trabajadores que no cuentan con ningún tipo de tutela especial por parte de la legislación sindical.

Finalmente, el informe también ilumina la intervención estatal como sujeto activo de las violaciones a la libertad sindical, ya sea en su carácter de empleador o en su carácter de poder público, en este último caso mayoritariamente a través de las fuerzas de seguridad.

Este hincapié en las violaciones a la libertad sindical en la práctica no debe hacer olvidar la persistencia de normas que han sido cuestionadas por distintos órganos jurisdiccionales como contrarias a la libertad sindical. En particular, diversos artículos de la ley de asociaciones sindicales han sido reprochados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en los fallos "ATE" y "Rossi") y por los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (en particular la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones), por afectar derechos reconocidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical.

Desde el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina aspiramos a que este informe aporte elementos para conocer en profundidad las características de las violaciones a la libertad sindical, y poder enfrentarlas con más fuerza, más aún cuando ellas, se dirijan contra un trabajador o contra una organización sindical, afectan al conjunto de la clase obrera y sus posibilidades de lucha.

El enfrentamiento a las estrategias patronales y estatales contrarias a la organización y acción colectiva de los trabajadores debe ser, necesariamente, producto de la acción sindical. Las estrategias jurídicas forman parte de dicha acción, y en el año 2010 recibieron un fuerte respaldo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en el caso “Alvarez c. Cencosud s/amparo” declaró la nulidad del despido de los miembros fundadores de una organización sindical, aún cuando ellos no contaban con la tutela especial prevista por la ley de asociaciones sindicales. En el mismo sentido, la detención y posterior procesamiento de los principales acusados del asesinato de Mariano Ferreyra estarían señalando una resistencia social a la represión como forma de respuesta a la acción y organización colectiva.

Sin embargo, como señalamos en este informe, el Estado y los empleadores siguen incurriendo en numerosas violaciones a la libertad sindical, que necesariamente deberán ser enfrentadas por los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

Síntesis estadística

• Durante el año 2010 hemos registrado 413 denuncias por violaciones a la libertad sindical en el total del país, de las cuales 8 corresponden a normas que, en sí mismas, son contrarias a la libertad sindical.
• El 35% de las denuncias corresponden a violaciones que afectan a derechos sindicales y libertades públicas, es decir, se trata de diferentes actos de violencia cometidos contra trabajadores, activistas y dirigentes con motivo de la realización de actividades sindicales. Dentro de ellas, el 68% refiere a atentados contra el derecho a la vida, la seguridad y la integridad física de la persona. En este sentido resultan significativas las detenciones arbitrarias, agresiones físicas y amenazas.
• Por su parte, los actos de discriminación y los actos de injerencia explican el 42% de las denuncias relevadas. Aquí se destacan principalmente los despidos discriminatorios por causa de actividad sindical (72% de este subgrupo).
• El 57% de las violaciones a la libertad sindical se producen en un contexto de conflictos abiertos con la patronal, con o sin huelga, mientras que el 31% de las violaciones realizan en el marco de procesos de organización de los trabajadores en una asociación sindical.
• El 68% de las denuncias por violaciones a la libertad sindical son dirigidas contra trabajadores que desarrollan su actividad gremial en organizaciones sindicales con personería gremial, mientras que el 32% afectan a trabajadores de asociaciones sindicales simplemente inscriptas, sindicatos en formación, o a colectivos en vías de institucionalización.
• El 73% (301 casos) de las denuncias por violaciones a la libertad sindical se dirigen a obstaculizar la organización de los trabajadores en los lugares de trabajo. Se trata de denuncias que involucran a delegados gremiales, comisiones internas, activistas gremiales y colectivos de trabajadores organizados o en proceso de organización. En este sentido, el 65% de dichas denuncias son realizadas por colectivos de trabajadores y activistas, y se refieren mayoritariamente a actos de discriminación antisindical.
• Respecto del sujeto que es denunciado por realizar acciones u omisiones contrarias a la libertad sindical, 59% de las denuncias se dirigen contra empresas de capital privado, mientras que el 34% son contra el Estado (20% en su carácter de empleador y 14% en su carácter de poder público) y en el 7% de los casos no se identifica el sujeto responsable.
• En el caso de las empresas de capital privado, la mayor cantidad de denuncias comprende a actos de discriminación sindical y actos de injerencia. Por el contrario, el los derechos mayoritariamente violados por el Estado son la libertad de asociación (cuando actúa en su carácter de poder público), y los derechos sindicales y las libertades públicas (cuando actúa en su carácter de empleador).

Lunes 11 de abril de 2011, por Corresponsalía Misiones

Rigane: “Estaremos a la cabeza de los conflictos sociales”

El secretario Adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina, José Rigane, diferenció en Posadas a la CTA de la CGT: “No somos un factor de poder, nuestra protesta no tiene que ver con política partidaria”.

Es una realidad que golpea fuerte. No tiene nada que ver con lo que dice el Gobierno nacional y provincial con lo que se hace. Tener un básico de 168 pesos y se lo digo a alguien que no me conoce, que encima está congelado desde 1992, no me lo creería y me trataría de loco. Sin embargo esta es la realidad: se paga un 90% de los sueldos en negro”.

Así graficó José Rigane el panorama sobre los trabajadores estatales misioneros que tiene la Central de Trabajadores de la Argentina a nivel nacional.

Dijo que la situación lleva a los trabajadores a protestar. “Por eso en la CTA hemos resuelto en un congreso multitudinario -que por primera vez estuvo conformado por delegados electos- que tenemos que estar a la cabeza de los conflictos sociales, superando los cuatro o cinco años que la Central no estuvo a la altura de las circunstancias en ese sentido”, ratificó Rigane.

Sobre el acuerdo que el líder de la CGT, Hugo Moyano, pactó con el Gobierno por el 24% de aumento salarial, el dirigente de la CTA Nacional afirmó: “La verdad que yo no necesito mostrar que hay una sociedad entre ellos. Es más, quienes hablan de democracia, pactan con las organizaciones menos democráticas con dirigentes procesados y detenidos. El Gobierno no es plural y no cree en la libertad sindical (...) Cuando la Presidente (Cristina Fernández) no habla de inflación en su discurso ante el Congreso quiere tapar el sol con las manos e intenta decir que la inflación no existe. Y el proceso inflacionario existe y no se resuelve poniendo un techo y un piso a los acuerdos salariales”.

Aprovechó para lanzar críticas por las amenazas de paro de Moyano y su ambición de poder. “Hay cosas que debe explicar la propia CGT. El movimiento obrero organizado y la CTA es una organización que intenta desarrollarse como instrumento de transformación de nuestro país. No somos un factor de poder que queremos, sobre la base de la presión y de la permanente amenaza, que se adopten decisiones en función de intereses corporativos. Lo que nosotros construimos es una organización de trabajadores que participen concientemente”.

Y agregó: “No necesitamos ir a golpear la puerta de ningún partido político para pedir que nos tengan en cuenta para incorporarnos a las listas. Esa no es la participación que nosotros pretendemos. Por eso le digo a los políticos, a los funcionarios y al propio Gobernador de la provincia: nuestra protesta no tiene nada que ver con la política partidaria. Tiene que ver con la política de las buenas cosas. Del buen vivir, del modelo sindical que hace veinte años venimos construyendo”.

Fuente: Diario Primera Edición de Posadas, Misiones

EL HAMBRE ES UN CRIMEN

Las políticas gubernamentales no nutren, ni abrigan, ni abrazan a nuestros niños más pobres, que son los modos de ejercer el amor y la esperanza. La vida no es un sueño azul, es una infancia de penas. Nuestros pibes mueren en racimos en Misiones, en Formosa, en Salta, mientras les diluyen sus vidas entre los dedos, como arenilla de ternura. Con el corazón intacto de urgencias nuestros pibes caen impactados por balas policiales o por el filo devastador del paco. No hay porvenir posible si los trabajadores no cargamos sobre nuestros hombros a los niños en una ronda de domingo. No hay futuro en un país que los condena. No hay utopía en un país que los desaparece. Con ternura Venceremos

Alberto Morlachetti                                              Pablo Micheli 
Coordinador del Movimiento                               Secretario General de la CTA
Nacional Chicos del Pueblo

SE PROFUNDIZA EL CONFLICTO EN LABOULAYE:

8 de febrero de 2011

Corte de Ruta y Marcha Hacia la Municipalidad de los Trabajadores de la Firma Ricardo Risatti sacif.

Ayer, 7 de febrero de 2011, los trabajadores del sector petrolero, afiliados a AGTPAC – FeTERA - CTA, de la ciudad de Laboulaye, en la provincia de Córdoba, realizaron un acto de mas de siete horas de duración sobre la Ruta Nacional 7, reclamando el reingreso al trabajo de 23 trabajadores despedidos de la empresa de la familia de corredores de autos, Ricardo Risatti sacif, por organizarse sindicalmente y ejercer el derecho constitucional de huelga.

Durante la jornada, los trabajadores locales, fueran acompañados por la solidaridad de otros, afiliados y dirigentes de las organizaciones de la CTA, provenientes de de la provincias de La Pampa, Buenos Aires, Santiago de Estero, la Capital Federal y de las ciudades Cordobesas de Rio Cuarto, Rio Tercero, Córdoba Capital y Huinca Renancó

Desde las 10 de la mañana hasta casi las 18hs, los trabajadores de las estaciones de servicio de la familia Risatti, reclamaron el inmediato reingreso al trabajo de sus 23 compañeros, mientras relataban ante los medios presentes, que la ocupación de la ruta se produce luego de mas de dos meses de conflicto, durante los cuales la firma Risatti ha desconocido las actas firmadas ante La Secretaría de Trabajo de la provincia de Córdoba, y despedido a un trabajador, Walter Alvarez, por una causa ya retractada en las mencionadas actas, provocando la huelga de sus trabajadores, a 21 de los cuales, también despidió, justamente por participar de ella y además ha contratado nuevos trabajadores para reemplazar a los que estaban de paro, mientras este se desarrollaba y ha trampeado la conciliación obligatoria impuesta por la Secretaría de Trabajo al no reinstalar a los despedidos durante los treinta días que esta instancia duró.

Todo esto sin que la Secretaría de Trabajo dictaminara la nulidad del despido por huelga, ni inspeccionara en el lugar de trabajo la presencia de trabajadores contratados para romper la huelga y minimizar ilegalmente sus efectos.

Tampoco inspeccionó la falta de reinstalación de los trabajadores a los que impuso la conciliación.

Los trabajadores, también recordaron que la medida de fuerza aludida se realizó durante 25 días, al costado de la ruta 7, solicitando a los conductores de autos y camiones, que no carguen combustible en las estaciones de servicio de la familia Risatti, logrando una solidaridad promedio de nueve de cada diez casos, y que mientras esto sucedía, el diez por ciento de la población de Laboulaye, apoyaba por escrito las medidas de fuerza y reclamaba el reingreso de los trabajadores.

Hacia media tarde, los Comisarios de Laboulaye comunicaron la exigencia judicial de liberar la ruta. Los trabajadores deliberaron en asamblea y tiempo después de dejar una mano libre, se desplazaron hacia la Municipalidad de Laboulaye, donde junto a los sindicatos enrolados en la CGT, que han acompañado los reclamos desde el inicio del conflicto realizaron un acto público, demostrando en la calle una solidaridad de clase que no es atendida por los poderes del Estado.

Durante el acto hicieron uso de la palabra, Marcelo Doroszczuk, Delegado Gremial, Oscar Mengarelli, Secretario General de la CTA provincial, Marcelo Espíndola, Secretario General de la AGTPAC, Julio Ortellado, de la Mesa Nacional de la CTA, Carlos Valduvino, Secretario de Interior de la CTA de Córdoba, Guido Dreysik Secretario General de la CTA de la Capital Cordobesa, y Gabriel Martínez, Secretario de Organización de FeTERA.

Durante los discursos, quedó claro que este conflicto constituye una lucha por la vigencia de la libertad sindical y el derecho de huelga.

Julio Ortellado sintetizó todas las exposiciones cuando luego de referirse a las grandes luchas de la CTA, exclamó: “ la CTA a Laboulaye, vino para quedarse”.

URGENTE LOS COMPAÑEROS

DE AGTPAC, ESTÁN CORTANDO LA RUTA 7 EN LABOULAYE

7 de febrero del 2011

Estimadas compañeras y compañeros

HARTOS DE ESTAR HARTOS, YA SE HAN CANSADO de tanta infamia y sucedió lo que tenía que suceder, los compañeros de LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES PETROLEROS Y AFINES DE CÓRDOBA - AGTPAC – adherida a la FeTERA - Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina en Cta., están cortando la ruta 7 en Laboulaye, frente a una de las sucursales de la firma RICARDO RISATTI SACIF.

Sí este mismo Risatti, que les dijo textualmente a nuestros compañeros: “si yo pongo y saco intendentes, si pongo y saco policías, como no voy a poder con unos negros de mierda” y esto no se puede decir muy suelto de cuerpo, si no se goza de una fuerte garantía de impunidad tanto del gobierno provincial, como nacional.

Y los hechos dan la razón a nuestro compañero de AGTPAC, aunque hayan bajado del cordón, como pide ahora la señora presidenta que no se haga, porque los que pasaron de la raya y se solazan con sus despropósitos son las autoridades provinciales, no casualmente por cuenta y orden de Schiaretti, en diciembre pasado, a brazo enyesado, los diputados votaron una ley de educación que retrotrae a Córdoba a los momentos más terribles de las escolástica reinante hasta 1918, cuando los heroicos compañeros estudiantes apoyados por la Federación Obrera Local, lograron la reforma universitaria, que cambió de raíces la educación universitaria del mundo y junto con ello, le sacaron el nombre a la avenida de circunvalación de Córdoba capital, ya que llevaba el de nuestro compañero Agustín Tosco, no hay que olvidar que el muy crápula de Schiaretti, partícipe del Cordobazo, hace poco lloraba lágrimas de cocodrilo (ya que hace rato que ha hecho morcilla con la sangre derramada y encima la enterró), cuando fue a declarar al juicio que se está llevando adelante en Córdoba contra los genocidas y también su ministro de Industria Comercio y Trabajo, AVALLE Roberto Hugo, que era colimba en 1976, declaró, contando lo que había visto, muy compungido el hombre.

Pero los derechos humanos del presente están vedados y se pueden violar sin escrúpulos, consiguientemente con una hipocresía que raya en la ignominia, son los que permiten que el energúmeno y desaforado Ricardo Risatti, se burle de las innumerables reuniones en el ministerio de trabajo, abalado por la omisión manifiesta de las autoridades del mismo (1), y siga sin reincorporar a los trabajadores de Laboulaye, que se referencian en LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES PETROLEROS Y AFINES DE CÓRDOBA - AGTPAC – adherida a la FeTERA - Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina en Cta.

En la página (http://agtpac.blogspot.com) de los compañeros de LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES PETROLEROS Y AFINES DE CÓRDOBA - AGTPAC -, se destaca un texto del compañero Agustín Tosco, donde el gringo sostiene:

“Nuestras armas, las armas del Pueblo, son la verdad y la libertad, la justicia, la nobleza, la dignidad. Esas son las armas morales con que hemos luchado nosotros. ...por que somos hombres de Paz y de Trabajo.

Yo soy uno más de los que fueron, de los que son y de los que serán represaliados, castigados y perseguidos. Uno de los tantos con nombre y sin nombre, que luchan, que ganan y pierden, pero que en definitiva triunfaran al final del largo camino que nos lleva a una vida sin explotados ni explotadores.

... el Futuro es de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra esperanza, de nuestra fe inmarcesible.”

Es por ello que persisten y persistirán en su accionar, hasta la reincorporación de los compañeros, aun a despecho de las provocaciones personales de Ricardo Risatti, porque en las calles de LABOULAYE, (HOY CORTANDO LA RUTA 7) AGTPAC NO SOLO LUCHA POR SU REIVINDICACIÓN SECTORIAL, SU PUJA DE CLASE ESTÁ CONCATENADA, SÓLIDAMENTE IMBRICADA Y ES PARTE INDISOLUBLE, de la potencialidad que va adquiriendo el movimiento obrero en el contexto de la lucha de clases y es tan así, que se están jugando, entre otras acciones reivindicativas a lo largo y ancho de nuestro país. No se puede dudar de ello, los compañeros de AGTPAC lo llevan marcado a fuego en su conciencia son: “Uno de los tantos con nombre y sin nombre, que luchan, que ganan y pierden, pero que en definitiva triunfarán al final del largo camino que nos lleva a una vida sin explotados ni explotadores.

... el Futuro es de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra esperanza, de nuestra fe inmarcesible.”

VAYA TODA NUESTRA SOLIDARIDAD ACTIVA CON LOS COMPAÑEROS DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES PETROLEROS Y AFINES DE CÓRDOBA - AGTPAC -, adherida a la FeTERA - Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina en Cta en general y con los trabajadores de RICARDO RISATTI SACIF. DE Laboulaye, en particular.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS ES YA UN IMPERATIVO CATEGÓRICO IMPOSTERGABLE, EL APOYO IRRESTRICTO A NUESTROS COMPAÑEROS DE LABOULAYE, CÓRDOBA

REITERAMOS:

A LA INTEGRACIÓN CAPITALISTA QUE DESDE Y EN LA CRISIS PRETENDE RECONFIGURARSE SOBRE LAS ESPALDAS DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO, DEBEMOS RESPONDER HACIENDO FRENTE A LA VIOLENCIA QUE LA CLASE DOMINANTE LE IMPRIME A LA PUJA , SEA CUAL FUERA SU DIMENSIÓN, CON LA INTEGRALIDAD EN UNIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO Y EL CAMPO POPULAR QUE LE ES AFÍN, CONSTRUYENDO LÓGICAMENTE LA NECESARIA HERRAMIENTA POLÍTICA PARA LA PARTIDA.

MUCHAS GRACIAS COMPAÑEROS.

¡SOCIALISMO O BARBARIE!

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE !

A un plan obedece nuestro enemigo: de enconarnos, dispersarnos, dividirnos, ahogarnos. Por eso obedecemos nosotros a otro plan: enseñarnos en toda nuestra altura, apretarnos, juntarnos, burlarlo, hacer por fin a nuestra patria libre. Plan contra plan.

José Martí

FeTERA Flores (colectivo de base de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina en CTA.) Aurora Tumanischwili Penelòn, Guillermo López: 15-5221-7918; 15-50254948 Sabemos que nuestra intención será siempre un problema para unos, nuestra conducta un escándalo para otros y nuestros esfuerzos una prueba de heroísmo en el concepto de algunos, nos importa todo muy poco, y no nos olvidaremos lo que decía Sócrates, los que sirven a la Soberanía de la Patria deben contarse felices si antes de elevarles altares no le levantan cadalsos.

(1) AVALLE Roberto Hugo, consiguió el ministerio, por haber logrado que los trabajadores de Renault a los que le correspondía indemnización doble cobraran nada más que la simple, ahí está el premio a estos miserables, que la clase dominante les otorga, para seguir tomando decisiones, como las que sufren nuestros compañeros de AGTPAC.

 FeTERA Flores (colectivo de base de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina en CTA.) Aurora Tumanischwili  Penelòn, Guillermo López

El trabajo decente: Un decreto, un Posicionamiento, una Realidad.

El Decreto.

Declaran 2011 Año del Trabajo Decente

(28/01/11) El Gobierno declaró el 2011 "Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores", a través de un decreto en el que consideró "necesario redoblar los esfuerzos para la efectivización de las políticas ya previstas en la normativa laboral vigente".

La decisión, que lleva el número 75, fue publicada en el Boletín Oficial y dispone que la papelería oficial a utilizar en la administración pública nacional, centralizada y descentralizada, así como en los entes autárquicos dependientes de ésta, deberá llevar en el margen superior derecho, un sello con esa leyenda.

Además, el Poder Ejecutivo auspiciará las actividades, jornadas, seminarios, conferencias, y programas educativos que contribuyan a la difusión en el país del concepto de trabajo decente y de la prevención de los riesgos del trabajo, pilares sobre los que se asienta la salud y seguridad de los trabajadores, dice el texto.

En tanto, se instruye a las dependencias de la administración pública nacional con competencia en la materia, y especialmente al Ministerio de Trabajo para que a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, procedan a priorizar la promoción de las actividades en el cumplimiento de sus objetivos para el 2011.

El decreto señala que "constituyen objetivos prioritarios para el Gobierno Nacional dar solución a la problemática vinculada con la seguridad y la salud de los trabajadores y promover el trabajo decente" y "para el logro de tales cometidos, se considera necesario redoblar los esfuerzos normalmente requeridos para la efectivización de las políticas ya previstas en la normativa laboral vigente".

El posicionamiento
DECENCIA NO SIEMPRE ES DIGNIDAD.
Hoy somos testigos de cómo sistemáticamente se sigue intentando desde el gobierno nacional utilizar y manipular los conceptos que en materia de trabajo y sus alcances han definidos, tanto organismos internacionales como nuestra propia central de trabajadores.-

Resulta ser que, según se vierte por decreto 75 del 2011, este año se denominara “Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”. Titulo y definición muy decorosa y oportuna sino tuviéramos en cuenta, según mi humilde opinión, algunos aspectos.

a) es impensable creer que con el simple hecho de impulsar el toda la papelería oficial de nuestra administración publica, un membrete alegórico a esta definición , con eso se resuelven los temas de fondo que este gobierno no debate ni establece como agenda para que los trabajadores en la argentina, no solo tengamos decencia , sino también dignidad.

b)es ingenuo pensar que por decreto se puedan establecer condiciones de formación , difusión, debate, etc, entre los trabajadores y la sociedad, cuando por otro lado lo que este gobierno se ha dedicado a capacitar es cada vez mas pobres que aportan desde su trabajo a la economía informal desde mayor precarización en sus condiciones humanas y laborales.-

c) es insostenible, desde cualquier lógica institucional, que se vayan a desarrollar mecanismos de prevención de la siniestralidad laboral, cuando todavía los dirigentes empresarios y el propio gobierno son parte del negocio de las aseguradoras de riesgo de trabajo.-

d) teniendo en cuenta solamente que la OIT estima que el objetivo general del trabajo decente es provocar cambios positivos en la vida de las personas a nivel nacional y local, reflejando las prioridades de la agenda social, económica y política de los países y del sistema internacional, es que no podemos dejar de agregar, que también el Trabajo en condiciones de bien remunerado, con aportes garantes de la seguridad social, la recreación y el descanso en un sistema de país con modelos de producción distributivos y repartos equitativo de las riquezas que los trabajadores generamos, es dignidad para un pueblo socialmente justo.-

e)estimo conveniente aclarar que para que los cambios profundos que necesitamos en nuestro sistema laboral, para que sea mas justo y equitativo, necesita de políticas sostenidas en el tiempo, con planificaciones plurianuales y compromisos sociales que abarquen a todos los estamentos de nuestro pueblo en pos de una reafirmación democrática real y no formal.

Por todo esto me queda como conclusión de que estos gestos de oportunidad mezquina por parte de la Presidenta de la Nación, no son nada mas que utilización de definiciones propias de un gobierno liberal que lejos esta de querer resolverles los problemas a los trabajadores.

No hay posibilidad alguna de tener trabajo decente si no hay políticos, empresarios y dirigentes honestos, comprometidos en el engrandecimiento de nuestra patria.

Menos aun podemos pensar que vamos a tener dignidad como trabajadores, si no seguimos peleando por el reconocimiento de nuestros derechos, en contra de la precarización laboral, en contra del trabajo informal, por el derecho a la participación en el debate convencional, por la libre elección, con libertad y democracia de nuestros representantes en los sectores laborales y por un proyecto de país que ya los trabajadores decidimos gobernar para ser definitivanente libres.-

Julio Ortellado.

Director de Organización CTA Nacional

Enero 2011

La realidad

En la ciudad de Laboulaye, provincia de Córdoba, Argentina, se viene desarrollando un conflicto gremial que comenzó como un atropello a la libertad sindical, en el mes de octubre de 2010, y al día de hoy, no cabe duda, que se ha convertido en la demostración concreta y reiterada de la falta de libertad sindical en la Argentina y por sobre todas las cosas, en la firme decisión del Estado de defender los intereses y derechos de los empleadores por sobre los de los trabajadores.

La declaración del "Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores", por parte del Gobierno Nacional abona los caminos de la hipocresía, cuando veintidós trabajadores de la empresa Ricardo Risatti SACIF, cuyo directorio está integrado, principalmente, por una tradicional y adinerada familia de corredores de autos de la provincia de Córdoba, han sido despedidos en diciembre del año pasado por ejercer el derecho constitucional de huelga y ademàs, tiene la posibilidad de perseguir laboralmente y despedir dos veces en treinta días, por el mismo motivo, a un mismo trabajador, Walter Álvarez, quien ha sido reconocido como integrante del grupo de trabajadores que reclamaba a la empresa Risatti, la aplicación de 18 puntos de su Convenio Colectivo de trabajo, que nunca se aplicaron en la empresa Ricardo Risatti SACIF.

El despido se produjo dos veces, porque la primera vez, el 16 de octubre de 2010, la firma Ricardo Risatti SACIF, debió retractarse de la sanción a Walter Álvarez, mediante un acta firmada en la Secretaría de Trabajo de Córdoba, donde además se comprometía a someterse a una mediación, que evaluaría, la validez de las razones de la sanción.

La firma Ricardo Risatti SACIF nunca concurrió al mediador y desconociendo su compromiso, del 16 de noviembre de 2010, volvió a despedir a Walter Álvarez.

Los compañeros, 22 trabajadores convencidos en la necesidad de reinstalar a Walter en trabajo, por la injusta y reiterada situación, iniciaron una serie de asambleas que nombraron representantes para discutir con el empleador la resolución de la situación.

Ninguno de estos intentos tuvo éxito, ya que el empleador, ofrecía permanente dinero a cambio de la desvinculación.

El 27 de noviembre se declaró la huelga, y el 11 de diciembre la firma Ricardo Risatti SACIF, notificó a los trabajadores en huelga que estaban despedidos, ¡ por realizar una huelga!.

Los trabajadores rechazaron los despidos y continuaron la huelga, hasta que la Secretaria de Trabajo de Córdoba impuso una Conciliación Obligatoria.

Hoy, después de treinta días, termina esta Conciliación Obligatoria, y los despidos por huelga todavía no han sido considerados nulos. Tampoco los trabajadores pudieron retomar sus tareas durante estos treinta días, ya que la Secretaria de Trabajo no inspecciono el lugar y por lo tanto tampoco “descubrió”, que mientras los trabajadores acataban la conciliación, el empleador contrataba nuevos trabajadores para la venta de combustibles.

¿El Trabajo Decente, sin libertad sindical, sin derecho de huelga?

El concepto de hipocresía, tal vez no alcance para calificar esta situación.

Gabriel Martínez.

Secretario de Organización

FeTERA - CTA

Comunicado de prensa

Conflicto laboral en Laboulaye: La diputada Merchand, en la Secretaría de Trabajo

Mañana, lunes 31 de enero, la diputada nacional por el bloque Proyecto Sur, Cecilia Merchand estará presente en la Secretaria de Trabajo de la Provincia, durante la audiencia que se realizará entre los trabajadores de FETERA-CTA y la firma Ricardo Risatti SACIF, por el despido de 25 trabajadores de dos estaciones de servicio en la ciudad de Laboulaye.

De esta forma, Merchand acerca otro de los apoyos políticos nacionales a la lucha de los trabajadores, que fueron despedidos arbitrariamente por ejercer una huelga mientras reclamaban la aplicación del convenio colectivo laboral, derecho consagrado en la Constitución Nacional que en ciertos lugares de Córdoba parece no hacerse respetar por el gobierno provincial.

Así los trabajadores suman otro apoyo al comprometido la semana pasada por la Mesa Nacional de la CTA, que dará dimensión nacional a un conflicto donde la cartera laboral no parece hallar, hasta el momento, los mecanismos para hacer valer los derechos de los trabajadores.

La audiencia se realizará mañana a las 12 horas en la sede de la Secretaría de Trabajo de la calle Rivadavia.

Equipo de comunicación

CTA Córdoba

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Libertad y democracia sindical

La Mesa Nacional de CTA se involucra en el conflicto de Laboulaye

Al cabo del primer encuentro del Bloque Organizativo-GRemial de la CTA realizado el lunes en Buenos Aires, se dio a publicidad una carta remitida por el secretario geneal de la Central, Pablo Micheli, al Secretario de Trabajo de la Provincia de Córdoba, Omar Sereno, reclamando la reincorporación de los trabajadores de estaciones de servicio despedidos en Laboulaye.

El texto de la misiva remitida al funcionario del gobierno de Juan Schiaretti afirma textualmente:

"Habiendo tomado conocimiento del desarrollo del conflicto gremial que la firma Ricardo Risatti sacif ha iniciado al incumplir el acuerdo firmado con sus trabajadores, la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA–CTA) y la CTA de la provincia de Córdoba, en la Delegación de Laboulaye de la Secretaría de Trabajo, el pasado 16 de octubre de 2010 y:

* Atento a la reiteración de ofrecimientos de indemnizaciones que la firma Ricardo Risatti sacif ha decidido realizar a 21 trabajadores, durante el transcurso de la conciliación obligatoria impuesta por la Secretaría de Trabajo de la provincia de Córdoba.

* Considerando que los mismos han sido despedidos por defender a su compañero Walter Álvarez, que ha su vez fue despedido dos veces en un mes por la misma causa.

* Tomando en cuenta que la huelga es un derecho amparado por la Constitución Nacional y no constituye motivo de despido.

* Observando que los trabajadores han demostrado en todo momento una gran voluntad negociadora, y espíritu solidario, llegando a la decisión de ofrecerse cinco de ellos, a aceptar indemnizaciones si con ello logran la reinstalación del resto de sus compañeros.

* Y, por último, entendiendo que el grado de solidaridad documentado en la firma de más de dos mil vecinos de Laboulaye (que constituye el 10% de la población), demuestra un enorme y significativo apoyo popular a la causa de los trabajadores, es que los abajo firmantes, miembros de la Mesa Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina manifestamos, que el despido por ejercer los derechos de huelga y de organización es el límite de lo aceptable y es nuestra decisión agotar, en caso de no llegar a una solución satisfactoria al término del mencionado período de conciliación, todos los recursos políticos, gremiales y legales a nuestra disposición para lograr la reinstalación de los trabajadores y enfrentar la práctica antisindical que la firma Ricardo Risatti sacif ha desarrollado. En ese sentido, instamos a la Secretaría de Trabajo para que instrumente las medidas pertinentes con el objetivo de restituir los derechos de los trabajadores afectados".

Ante la supresión del nombre

de Agustín Tosco

Buenos Aires, 21 de enero de 2011

La Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, FeTERA – CTA, junto a la Lista Blanca de Luz y Fuerza de Córdoba, manifiestan su rechazo, repudio e indignación por la supresión del nombre de Agustín Tosco a la avenida de circunvalación de la capital de la provincia de Córdoba. La tentación de alterar la memoria histórica, o la capacidad política para hacerlo sin sentir culpa, es propia de organizaciones autoritarias, alejadas del consenso popular, que necesitan, para legitimarse, construir escenarios basados en la mentira.

Agustín Tosco representa una filosofía no dogmática, que no da concesiones al sistema de explotación capitalista, que se basa en el estudio y la perfección de las formas organizativas de los trabajadores, y que exige además una disciplina de la honradez y una voluntad permanente de participación política.

En su acción enfrentó a las dictaduras de su época y a los sectores corporativos, tolerantes y participacionistas de los regímenes autoritarios.

Construyó organización obrera destinada a modificar las bases sociales, políticas y económicas de la sociedad desigual, para transformarla y lograr su superación.

Su recuerdo asociado al Cordobazo, a la CGT de los Argentinos y a los programas obreros que inspiran la lucha de muchas organizaciones en la actualidad, lo convierte hasta el día de hoy en una referencia imprescindible.

Su nombre con que el Concejo Deliberante denominó a la avenida de circunvalación de la ciudad capital de Córdoba, ha sido suprimido y cambiado por otro, por una legislatura que no reconoce los valores del movimiento obrero no burocrático.

Este cambio fue propiciado por los representantes de Unión por Córdoba, en la figura del Legislador Daniel Passerini, que ojalá el pueblo cordobés no vuelva a votar.

Todos los demás legisladores, votaron a favor, menos tres, cuyos apellidos fueron divulgados por varios compañeros que ya han alzado su voz de repudio y son, Roberto Cesar Birri, Adela Coria y Liliana Olivero.

La supresión del nombre de Tosco, es un intento descarado, de borrar el recuerdo de un dirigente que no tranzó y enseñó a no transar. También produce vergüenza y dolor recordar que la muerte lo encontró clandestino, perseguido por la sanguinaria Triple A que actuaba bajo el amparo de un gobierno que debió haber garantizado las libertades.

Preso de las dictaduras y perseguido en democracia, hoy suprimen su nombre justamente aquellos que tienen la responsabilidad institucional de preservarlo.

Por todo esto la FeTERA – CTA y la Lista Blanca de Luz y Fuerza Córdoba, manifiestan su repudio a este acto consciente y premeditado que alienta con la supresión del nombre de Agustín Tosco la destrucción de la cultura de la libertad de los trabajadores.

p/ Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina y Lista Blanca Luz y Fuerza Cba.

Silvia Oliva, Gustavo Domínguez, Nestor Pichon Sosa y Jose Rigane

Argentina: Soberanía energética. Respiración artificial

miércoles 19 de enero de 2011

Carlos Saglul (ACTA)

El politólogo brasileño Emir Sader citando el afamado libro del uruguayo Eduardo Galeano, afirmó que las venas de América Latina todavía están abiertas: “La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan por ganar, otros en perder”. En los primeros 150 años de la colonización americana el ochenta por ciento de la población del continente murió acarreando oro, las riquezas del suelo para financiar la industrialización de los países centrales. La historia no cambió. Las venas continúan abiertas.

Por ellas corre el petróleo, los minerales. Recursos naturales y energía, se van junto al trabajo y el sudor de miles de trabajadores, muchos de ellos flexibilizados, sin derechos sindicales. Hablamos de los trabajadores de la energía que militan en la Central de Trabajadores de la Argentina.

La minería tradicional y sus túneles han ido desapareciendo junto al incremento de la escasez de los minerales que se encuentran casi únicamente diseminados bajo el suelo. Ahora la extracción de minerales necesita de amplia tecnología. En este punto no existen distingos de colores políticos. La minería contaminante a cielo abierto cuenta con el visto bueno del Gobierno nacional y con el gobernador de San Juan, José Luis Gioja (PJ) y el de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral (UCR), como los más acérrimos defensores de un puñado de empresas transnacionales que está demoliendo la Cordillera de Los Andes para llevarse el oro, la plata y otros minerales.

El recurso se detecta a través de satélites. Luego sierras y montañas son voladas y convertidas el polvo y el material obtenido es mezclado con inmensas cantidades de agua y químicos (ácido sulfúrico, cianuro, mercurio). Del proceso que se lleva a cabo con esta sopa surgen cobre, mercurio, uranio. Las nubes de polvo que generan las explosiones cubren extensiones inmensas, los químicos penetran en la tierra y contaminan las napas de agua.

El procedimiento es de tan alto costo que sólo puede ser redituable si va acompañado de exenciones impositivas, utilización gratuita de la energía, derroche y agotamiento de las reservas de agua. La lógica depredadora de este tipo de explotación arrasa minerales, energía, agua, perjudica al medio ambiente y no deja tras de si la riqueza que proclama, sino miseria, polvo y desierto, la naturaleza saqueada. Nada de esto sería posible sin la complicidad de amplios sectores de la clase dirigente.

Mientras Venezuela y Bolivia recuperan sus recursos, Brasil recompra las acciones de Repsol en manos privadas, en Argentina ya casi no quedan reservas de petróleo, mientras que las de gas se agotan peligrosamente. Las empresas privadas, aún las concesionarias del servicio eléctrico, no invierten. “Su único objetivo es llevarse cuando puedan”, advierten casi todos los trabajadores de la energía consultados para esta nota.

Lo que dejó el auge neoliberal

Los operarios del ramo enrolados en la Central de Trabajadores de la Argentina se nuclea en la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA). La entidad nació en noviembre de 1995 en Mar del Plata. Su secretario general, José Rigane, secretario Adjunto de la CTA, la define como “una organización de segundo grado inédita en el país porque deja atrás la construcción de la rama de la industria, y se lanza como una entidad del nuevo tipo que busca reconstruir la representación de los trabajadores de la energía juntando los pedacitos que sobreviven al proceso de privatización y extranjerización que desarrollaron las políticas neoliberales con el consiguiente despido de miles de trabajadores”.

Según el dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata dentro de la CTA “se conjuga la recreación de la memoria colectiva de la lucha de los trabajadores con la construcción permanente de nuevas alternativas de organización social y política. La FeTERA tiene el rol estratégico de organizar al sector industrial vinculado con la energía”.

Por su lado, José Luis Matassa, dirigente del sector nuclear de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) y secretario de Relaciones Internacionales de la FeTERA explica que en el sector trabajan más de cuatro mil compañeros repartidos -enumera- en la Comisión Nacional de Energía, la NASA (empresa estatal que opera las centrales nucleares), ENSI (planta productora de agua pesada) y Dioxitex, dedicada al procesamiento de uranio.

En cuanto a la FeTERA, Matassa señala que agrupa a alrededor de diez mil trabajadores de los rubros energía nuclear, minas de carbón, Instituto del Agua de Tierra del Fuego, Luz y Fuerza Mar del Plata y de La Pampa, petroleros de Santa Cruz, trabajadores de la electricidad de Córdoba, de Yacyreta, Salto Grande, ex trabajadores de YPF, petroquímicos. También añade a la lista, las recientes incorporaciones de los mineros de la Organización Sindical Minera Argentina (OSMA-CTA) de San Juan, los trabajadores de estaciones de servicio de Córdoba y los chóferes de EDESUR, entre otros.

Al igual que Rigane sostiene que “la Federación de Trabajadores de la Energía es una manifestación de la necesidad de fortalecer a la CTA y discutir las políticas públicas organizando un sector que sin dudas es estratégico”.

La rueda del saqueo

Julio Acosta es secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de la Pampa, uno de los gremios fundadores de la FeTERA. “Nos fuimos de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza de la CGT en desacuerdo con las privatizaciones y la política del menemismo”.

El dirigente acepta que esos tiempos marcaron a fuego a la actividad, al igual que a toda la economía del país: “el proceso de vaciamiento y desinversión todavía no ha podido ser revertido. En La Pampa llegaron a despedir a la mitad de los trabajadores”. La pérdida del Convenio Laboral fue uno de los daños más dolorosos porque dio lugar a la tercerización de miles de trabajadores”, recuerda Acosta.

Para el dirigente, la falta de inversiones por parte de las empresas privadas “tarde o temprano va a llevar a un colapso del sistema”. Acosta se muestra partidario de la reestatización del servicio eléctrico. No se puede hacer una planificación estratégica del desarrollo económico, industrial del país si no se tiene en cuenta la política energética. Acosta advierte que la falta de política estatal en esta área deja librada toda orientación en la materia a la voluntad de las grandes corporaciones multinacionales.

En Mendoza -informa- se está construyendo una mina a cielo abierto que va a necesitar tanta agua y energía como toda la capital provincial. Esto hace que la infraestructura de servicios se organice de acuerdo a las necesidades de estos supuestos inversores. Llamarlos inversores- enfatiza- es un eufemismo porque se llevan más de lo que traen.

Acosta advirtió contra la posibilidad de una historia circular, una rueda del saqueo donde el Estado siempre sea el socio perdedor. “Espero que no retornemos a un Estado bobo que nuevamente haga las inversiones necesarias para que los servicios no colapsen, reanude la exploración de gas y petróleo para después volver a entregarle el manejo de los recurso a las multinacionales”.

Cuando se le pregunta porque se habla tan poco de la necesidad de reestatización, Acosta contesta con otra pregunta: “¿tal vez porque todavía continúa siendo un gran negocio para los privados”?

La tercerización de amplios sectores de las empresas del Estado es parte de la herencia del proceso de privatizaciones. Es el caso de muchos empleados de EDESUR y EDENOR (ex SEGBA). Para revertir el fraude laboral que los tiene como principales víctimas, un sector de los tercerizados, en este caso los choferes, se han nucleado en la Agrupación Sindical de Trabajadores del Transporte Automotor y Afines en el Servicio Eléctrico (ASTTAASE-CTA) que se incorporó a la FeTERA.

Daniel Correa, referente de la flamante agrupación explicó que “trabajamos ocho o más horas. No tenemos francos ni feriados. No nos reconocen días por enfermedad. Con el verso de que somos una cooperativa no nos pagan jubilación o obra social. Nosotros debemos poner el automóvil y correr con todos los gastos de mantenimiento. Tampoco tenemos aguinaldo”. Correa cuenta que el colmo ocurrió el Día del Electricista cuando “a los empleados en blanco de la compañía les dieron franco. A nosotros en cambio nos descontaron el día”.

El sector cuenta con más de 400 trabajadores que no hace mucho llevaron adelante con total éxito un paro de actividades. Un poco antes, el 15 de enero habían elegido delegados. La realidad salarial de los tercerizados no podía ser más desalentadora ya que desde hace dos años no reciben aumento. En promedio ganan 3.200 pesos.

Descontando el mantenimiento del vehículo y monotributo, les quedan alrededor de 1.700 pesos. Acosta recuerda que la tercerización fue posible en razón de la debilidad gremial de los trabajadores. Por eso fiel a su oficio de chofer convencido de que “se trata de pisar el acelerador en el camino contrario: organización y solidaridad. Es la única esperanza de que esto vuelva a ser un trabajo digno”.

Expendedores de combustible

Otra de las organizaciones de nuevo tipo incorporada recientemente a FeTERA es la Asociación Gremial de Trabajadores y Personal de Estaciones de Servicio y Afines de Córdoba (AGTPAC-CTA). Su secretario general, Marcelo Espíndola, nos cuenta: “surgimos a partir del descontento de muchos compañeros con el Sindicato de Petroleros Privados de Córdoba. La base potencial del gremio en toda la provincia son unos 7.500 compañeros. Al cierre de esta edición del Periódico de la Central, la Asociación viene de realizar con éxito una importante pelea por la reincorporación de Sonia Viera, una trabajadora despedida de la estación de servicio Intelservice en La Carlota. “Se trató de un caso de persecución gremial ya que la habían cesanteado por haber participado de las elecciones de delegados de nuestro sindicato”.

La falta de libertad sindical no es el único problema de los trabajadores ya que “en muchos establecimientos no se nota el más mínimo respeto por nuestro Convenio Colectivo de Trabajo. No se proveen uniformes en plazo. Los compañeros de las estaciones de servicio son empleados para cualquier tarea hasta limpiar baños o lavar los coches de los dueños. Otros patrones optan por afiliar a sus empleados al Sindicato de Empleados de Comercio, cosa de pagarles menos”.

Espíndola subraya que “la libertad y democracia sindical es una de las principales banderas de la FeTERA y no es una decisión de compromiso. Tener sindicatos manejados de acuerdo a los intereses de los patrones significan bajos salarios, condiciones laborales miserables y entrega del futuro de los trabajadores y su familia”.

Manejo de los recursos

Luis Enrique Torrilla es secretario general de Asociación de Trabajadores del Gas (ATGas-CTA), una entidad gremial de 1º grado, que agrupa a los trabajadores de las empresas que sucedieron a Gas del Estado, en Córdoba, La Rioja y Catamarca.

Con básicos salariales que van en Ecogas, la principal distribuidora de la zona, de los 3.100 pesos a 7.105, la reivindicación central del sector es la recuperación del Convenio Colectivo, del que al igual que en el caso de los trabajadores del sector eléctrico fueron despojados durante el menemismo.

Nos dice que ese camino ya se ha iniciado en la empresa ECOGAS lo que los convierte en el único gremio de gas natural que logró introducir cambios sustanciales en el convenio de una empresa privatizada. Despidos, tercerización, pérdidas enormes para el país. “Es una lástima –ironiza Torrilla- que a ningún juez se le ocurrió dictaminar la inaplicabilidad de la ley de la privatización del menememismo, por haber sido aprobada con diputados truchos”.

El dirigente señala que las únicas inversiones que realizaron las compañías que manejan las ex empresas estatales fueron en el exterior, en la construcción de gasoductos para exportar. “La reactivación de la industria y el consumo de los últimos años, ha dejado en evidencia la falta de inversiones dentro del país. Para Torrilla, el camino del desarrollo pasa por la necesidad de reapropiarnos del recurso energético y en este sentido pone como ejemplo a Venezuela y Bolivia.

Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de Gas (APJ GAS-CTA) también opina que no que no hay Nación soberana sin el manejo de sus recursos energéticos. “Estamos ante el desafío de animarnos a discutir otro modelo de manejo de los recursos no renovables, lo que implica nada menos que plantearnos la autonomía política y social de la Nación. Hoy existe un piso social que está permitiendo darle volumen a esta discusión. Hay que aprovecharlo”. Advierte que la política exportadora del poder económico concentrado junto a la falta de exploración redujo al mínimo las reservas de gas.

Matassa señala que cuando hablamos de distribución de riqueza, debemos incluir la recuperación de la riqueza genuina y no renovable que las empresas multinacionales y algunos capitalistas argentinos se llevan del país.

El dirigente señala que “en materia nuclear seguimos reclamando la intervención de los trabajadores en las decisiones. A partir del 2004 se verificó un movimiento de reactivación del área. Se aumentaron los presupuestos y parecería que durante el 2011 se pondrá en marcha Atucha II, lo que ya fue postergado dos veces por el actual gobierno. Hoy la pelea es por la tecnología que el gobierno gestionaría para la cuarta y quinta central nuclear. Están conversando con rusos, franceses y yanquis. El problema se suscita en el posible cambio del combustible a utilizar en las centrales. Atucha I y Embalse funcionan con uranio natural y Agua Pesada. Esta última es producida por la empresa estatal ENSI de Neuquén cuya construcción le ha costado millones al conjunto del pueblo. Si cambiamos el combustible, habría que importar uranio enriquecido ya que todavía no estamos en capacidad tecnológica de producirlo y en ese caso la planta de Neuquén no tendría razón de existir”.

El dirigente de ATE opina que “ante la escasez de petróleo y gas para los próximos años, la opción nuclear es la alternativa para mejorar la matriz energética. El debate sobre cual es el plan nuclear mejor para el país y su desarrollo, no puede ser decisión exclusiva del gobierno de turno”.

Una batalla cultural

"El sistema capitalista aún en esta crisis con final abierto, no deja de reconocer los recursos energéticos como estratégicos, y actúa en consecuencia. Prolongar el modelo consumista cuesta guerras con miles de muertos, desestabilización de gobiernos, invasiones, recuerda José Rigane. El dirigente entiende que la batalla por reapropiarse de los recursos es también cultural: “Para ellos petróleo, gas, los minerales, el agua, son comodities, mercancías que deben tener el mismo trato que un paquete de yerba en el supermercado. A los “usuarios” nos convirtieron en clientes. Sólo puede acceder a la energía aquél que la puede pagarla. El imperialismo impone un cambio de conceptos y valores que nos lleva a una subestimación de los recursos naturales y energéticos. Nos han hecho creer que esos recursos no es lo importante pero allí pueden estar los miles de millones de dólares que necesitamos para sustentar un proyecto que nos permita ser una Nación próspera y soberana”.

Rigane recuerda la inexistencia de una compañía estatal en la Argentina. En las reuniones entre los países de la región –dice- los otros hablan en nombre de su compañía estatal, en cambio nosotros somos Repsol, Chevron, Panamerican Energy, Petrobras, Total. Necesitamos recuperar los recursos energéticos y naturales, volver a reinstalar conceptos perdidos y tergiversados por el poder, saber que la energía como bien social, es de todos y un derecho humano y nadie en pleno Siglo XXI puede vivir con dignidad si no tiene acceso al agua, el gas y la electricidad”.

Nuevas organizaciones

La Asociación de Trabajadores del Petróleo y la Energía (ATPE-CTA) de la provincia de Santa Cruz fue inscripto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, paso necesario para representar gremialmente a los trabajadores del sector petrolero. En la Comisión Directiva Provisoria figuran los compañeros Juan Barrientos como Secretario General; Víctor Chamorro, Secretario Adjunto; Diego Bukay, tesorero y los vocales Ángel Daniel Vargas y Miguel Zárate.

“La ATPE nació con el objetivo de representar a los trabajadores petroleros en todo el país, y tuvo su origen en el pedido de las bases de tener una organización gremial que represente sus intereses genuina y sindicalmente, señaló Diego Bucay, integrante de la Mesa de Conducción de ATPE, quien además denunció las presiones, persecuciones y atentados que han sufrido varios de los trabajadores que tomaron la decisión de organizarse fuera del sindicato patronal, que resignó derechos adquiridospor los trabajadores”.

Los trabajadores de la Organización Sindical Minera Argentina (OSMA-CTA), lograron reconocimiento sindical y un importante aumento salarial. Una histórica conquista para esta organización sindical de nuevo tipo enrolada en la Central de Trabajadores de la Argentina.

En San Juan, en la mina Veladero, se conformó la Organización Sindical Minera Argentina (OSMA-CTA) que hoy cuenta con más de medio millar de afiliados. “Estamos orgullosos de ser CTA”, así se expresó, vivamente emocionado, José Leiva, secretario general de la OSMA, al concluir la última negociación con la Barrick Gold, donde los trabajadores mineros lograron el reconocimiento de su organización sindical, un aumento salarial del 23% y su reinstalación en su lugar de trabajo luego de haber sido cesanteado en represalia por la configuración de la nueva organización sindical.

“Esta conquista, como el fortalecimiento de la OSMA, están sostenidas por la inquebrantable voluntad de los trabajadores para no ceder espacios y decidirse a romper el silencio para iniciar un camino de lucha y dignidad del sector”, agregó Leiva.